El Gobierno oficializó una profunda reestructuración del INASE para "optimizar recursos"

A través del Decreto 205/2026, el Ejecutivo aprobó un nuevo organigrama para el Instituto Nacional de Semillas. La medida elimina áreas redundantes, redefine cargos y prohíbe el aumento del presupuesto del organismo.

En el marco del proceso de reforma del Estado, el Gobierno nacional formalizó este lunes una reorganización integral del Instituto Nacional de Semillas (INASE). La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 205/2026, busca actualizar el funcionamiento del ente regulador y adecuarlo a los actuales lineamientos de eficiencia administrativa.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. El nuevo esquema establece una reconfiguración de los niveles operativos y funcionales del organismo descentralizado —que actúa bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca— e introduce cambios en la asignación de cargos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Uno de los ejes centrales del decreto es la simplificación de la estructura interna. Para ello, se dispuso la supresión de diversas unidades de nivel departamental calificadas como "redundantes". Según detalla el texto oficial, esta reestructuración:Aprueba nuevos organigramas de primer y segundo nivel operativo.
Deroga artículos de la normativa vigente desde 2020 (Decisión Administrativa 2283/2020).
Reasigna funciones ejecutivas sin incrementar la cantidad de unidades organizativas.
Desde el Ejecutivo enfatizaron que la reorganización se realiza bajo una premisa de "costo cero". La norma aclara explícitamente que los cambios no implicarán un aumento en el presupuesto del instituto ni en su dotación de áreas, en sintonía con la política de reducción del gasto público.
Asimismo, se otorgó al directorio del INASE la facultad de modificar el segundo nivel operativo en el futuro, siempre que dichas alteraciones no demanden partidas presupuestarias adicionales.
Con esta decisión, el Gobierno busca dotar de mayor agilidad al organismo encargado de fiscalizar la actividad semillera en el país, apostando a una estructura más compacta y orientada a la optimización de los recursos estatales.