GRAVE DENUNCIA EN LA UNS

Un duro informe fue aprobado en los últimos días por la Asamblea Universitaria de la UNS. En él, se evaluó la Gestión Anual del Consejo Superior Universitario durante el año 2010.
Entre otros aspectos destacados, se apuntó contra un docente e investigador de la casa de altos estudios por hacer “plagio” en un informe, y se acusó a dos funcionarios universitarios de intervenir directamente en una elección estudiantil.
El primero de los apuntados es el Dr. Eduardo Domínguez, docente del departamento de Geología, quien había sido convocado para integrar una comisión especial para analizar la posible llegada de fondos del YMAD a la UNS.
El Yacimiento Minero Aguas de Dionisio, por decisión del entonces presidente Carlos Menem, reparte un porcentaje de sus ganancias entre todas las universidades nacionales. Sin embargo, en nuestra ciudad hay rechazo a ese dinero, ya que se obtiene por trabajos que contaminan el ambiente, según las razones expuestas por quienes justamente se oponen.
En el informe, Domínguez debía asesorar sobre la actividad minera que realizaba la empresa y la posible contaminación ambiental que generaba. Según explicó  Ernestina Martínez Gravino, integrante de la lista de alumnos de Generación UNS, “está más que claro que copió y pegó párrafos de la página de Internet del YMAD. Es un hecho gravísimo”.
Además, indicó que más allá de esta seria falencia, el docente no cumplió con el objetivo de colaborar con la cuestión geológica-técnica que le había solicitado el Consejo Superior Universitario.
Otro de los aspectos salientes del informe fue la acusación a dos funcionarios universitarios por haber intervenido en elecciones estudiantiles. Se trata de Pedro Silberman y Juan Carlos Scheffer. Así figura en una denuncia realizada por una alumna de la antigua comisión del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Administración (CECA) ante el Consejo Superior. Sin embargo, el organismo nunca la investigó.
“Es algo sumamente grave, porque está probado que intervinieron por escribanos que estuvieron en el lugar”, agregó Martínez Gravino.
Explicó que la situación debió tratarse porque “estamos hablando de un caso de abuso de autoridad”. También admitió que hay algún grado de responsabilidad del rectorado, "por cuanto debió haber actuado en consecuencia a partir de las denuncias efectuadas".