La propuesta legislativa, firmada por una amplia representación del arco político y académico, surge en un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad del sistema universitario nacional. La prórroga presupuestaria vigente desde diciembre de 2023 ha generado un desfase del 134 % entre las partidas asignadas y la inflación acumulada, afectando gravemente el funcionamiento institucional, los salarios del personal docente y nodocente, y los programas de bienestar estudiantil.
El presidente del CIN, Oscar Alpa, precisó que “implica, básicamente, una reorientación de prioridades del gasto del gobierno nacional” porque “la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país”.
“Es una propuesta responsable porque pretende resolver de manera estructural el problema y porque busca esa respuesta en el ámbito que tiene competencia en una república en materia presupuestaria, que es el Congreso de la Nación. Y es razonable porque plantea una solución de fondo sin comprometer fiscalmente al Estado”, explicó durante su exposición Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del CIN. El Consejo alertó además que la situación salarial en el sector es insostenible: más del 70% de los trabajadores universitarios perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. A eso se suma que el presupuesto asignado para el año 2025 representa apenas el 50% de lo necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades, lo que ya provocó una reducción significativa de las actividades académicas, de investigación y de extensión.
Condensado en doce artículos, el proyecto establece una asignación específica y automática de fondos provenientes de la coparticipación federal, fija metas de incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031 y crea un fondo especial para el desarrollo de carreras estratégicas. La iniciativa también contempla convocatorias regulares a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes, y refuerza el sostenimiento de programas de becas y bienestar estudiantil con el objetivo de garantizar el acceso, la permanencia y la graduación como parte del derecho universal a la educación superior y del reconocimiento de la universidad como bien público.
Uno de los aspectos centrales del texto es la creación de una asignación específica de fondos denominada “Proporción Universitaria”, calculada en base al último presupuesto aprobado por el Congreso y aplicada sobre los ingresos nacionales por coparticipación federal. Este mecanismo no impactará en los fondos destinados a las provincias ni en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), asegurando una fuente de financiamiento estable y transparente.
Asimismo, la ley contempla un Fondo para Carreras Estratégicas por un monto inicial de 10.000 millones de pesos, actualizable por inflación, destinado a la creación de nuevas ofertas académicas vinculadas al desarrollo nacional y a la inteligencia artificial. También se prevé la ampliación del sistema de becas PROGRESAR y Manuel Belgrano, con criterios de inclusión y equidad socioeconómica.
El proyecto fue presentado con el aval de múltiples entidades del sistema universitario y científico, entre las que se destacan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), la Federación Universitaria Argentina (FUA), la CONADU y la CONADU Histórica, la FEDUN, la Asociación de Docentes de la UBA (AGD-UBA), las CTA Autónoma y de los Trabajadores, Ctera y otras organizaciones sindicales de base y todos los institutos de investigación del CONICET y redes universitarias federales
En el acto de presentación, legisladores de distintas fuerzas remarcaron el carácter estratégico del sistema universitario argentino como motor de desarrollo social, innovación científica y formación profesional. Las Marcha Federales Universitarias del 2024 —que movilizaron a cientos de miles de personas en todo el país— fueron destacadas como una clara señal del respaldo social que goza la universidad pública.
La iniciativa será tratada en comisiones durante las próximas semanas, y sus impulsores manifestaron su voluntad de abrir el debate a todos los sectores comprometidos con la defensa de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
